Ecuador invadido también por el crimen organizado
“El Ecuador es un territorio de paz. No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Se prohíbe ceder bases militares nacionales a fuerzas armadas o de seguridad extranjeras”.
Artículo 5, Constitución de la República del Ecuador, 2008
En Ecuador, el presidente Daniel Noboa desencadenó una situación crítica al abrir las puertas a lo que ha denominado como "la guerra". El panorama del crimen organizado, con diversas aristas, explotó a principios de este año, y pasó de un enfoque de “mano dura” a uno de “súper mano dura”. La declaración oficial incluye términos como “conflicto interno armado” y la identificación de “objetivos militares” que deben neutralizarse. En este proceso, la militarización de la sociedad se ha vuelto aparentemente indispensable, incluso para amplios sectores de una sociedad desesperada, y relega a la Policía Nacional a un papel subordinado ante las Fuerzas Armadas.
El jurista y docente universitario Córdova Alarcón señala acertadamente que existe el riesgo de que el régimen democrático sea asfixiado por una tenaza formada por el crimen organizado, por un lado, y por los militares por otro. La militarización creciente se traduce en menos democracia, lo que abre el espacio para medidas económicas neoliberales, antipopulares, y abre un escenario peligroso para la estabilidad política.
En su corto tiempo de gestión, Noboa, con el apoyo de casi todos los bloques parlamentarios, consiguió la aprobación de dos leyes de inspiración neoliberal, la Ley de Eficiencia Económica y Generación de Empleo y la Ley de Competitividad Energética. Con la primera se fortalecen las zonas francas y los mecanismos encubiertos de privatización en el marco de las alianzas publico-privadas, al tiempo que condonó las deudas tributarias a los grandes grupos económicos, tal como en los años 2018, 2015 y 2008. Con la segunda se abre aún más la puerta para la privatización del sector eléctrico. Ahora se discute una ley para incrementar el IVA a 15% con el fin de financiar “la guerra”.
La economía dolarizada es en un entorno propicio para la proliferación del crimen y atrae a actividades ilícitas de todo tipo. El lavado de activos se estima en por lo menos unos 3.500 millones de dólares, un 3% del PIB, de los que un 75% van a lo que se podría considerar como economía formal. La dolarización y la economía de este pequeño país andino se ven respaldadas por la influencia del narcodólar, en un entorno caracterizado por diversas complicidades entre las élites políticas y empresariales.
La situación política se complica si se considera la aspiración de varias fuerzas dentro del país que claman por el retorno de las fuerzas armadas estadounidenses. La salida de estas de la Base de Manta en 2008, dispuesta en la Constitución del 2008, fue el resultado de procesos de resistencia que se remontan a 1999. La declaración de un “conflicto interno armado” parece alinearse con las aspiraciones de Washington, siempre dispuesto a profundizar los lazos de sumisión en su “patio trasero”. EEUU ha tenido diversas aproximaciones desde el cierre de la Base en Manta, con énfasis en la lucha contra el narcotráfico y la coordinación con distintos gobiernos, incluido el de Guillermo Lasso. En 1942, tropas peruanas invadieron territorio del Ecuador para imponer un arreglo limítrofe, y llegaron tropas americanas que se retiraron tras el acuerdo de paz.
En junio de 2022, se concretó un acuerdo para la preparación de un “Plan Ecuador”, similar al “Plan Colombia”. En diciembre de ese mismo año, el Congreso de Estados Unidos aprobó la “Ley de Asociación Ecuador-Estados Unidos”, con un plazo de medio año para proponer un plan de acción concreto. En medio de este proceso, en octubre de 2023, el canciller ecuatoriano y el embajador estadounidense firmaron de forma reservada, el “Acuerdo relativo al Estatuto de las Fuerzas”, paso significativo hacia el retorno de las tropas estadounidenses a pesar de la prohibición constitucional.
Desde la salida de la base militar estadounidense de Manta, hay una campaña constante para su retorno que destaca la “colaboración” militar ofrecida por representantes del Comando Sur. El acuerdo firmado al finalizar el gobierno de Lasso aplicaría privilegios e inmunidades a personal militar, civil y contratistas estadounidenses para diversas actividades, incluyendo entrenamiento y ayuda humanitaria. Esto implica una exención de jurisdicción penal, exenciones fiscales, libre movimiento de vehículos y buques, y resolución de conflictos según las leyes estadounidenses.
La lógica geoestratégica de Estados Unidos busca que las fuerzas armadas de la región asuman papeles policiales para combatir el narcotráfico, el terrorismo y otras amenazas percibidas. Este enfoque reviviría principios de la Seguridad Nacional del pasado, fortaleciendo esquemas de contrainsurgencia, posiblemente respaldados por agrupaciones paramilitares, bajo la apariencia de lucha contra el crimen organizado.
A pesar de las aspiraciones de retorno de las tropas estadounidenses, es importante recordar que la presencia de la Base de Manta no resolvió el problema del narcotráfico en Ecuador. La criminalidad aumentó, los envíos de drogas se triplicaron y se informaron abusos por parte de los soldados estadounidenses, especialmente contra pescadores. Además, la estrategia belicista adoptada por el gobierno de Noboa, acompañada de una cruzada de neoliberalización económica, carece de viabilidad y ha demostrado ser infructuosa en experiencias similares en México, Colombia y El Salvador.
[1] Economista ecuatoriano. Presidente de la Asamblea Constituyente (2007 -2008), miembro del grupo impulsor de OBELA FLACSO Ecuador.
