Ante un entorno de crisis económico-financiera que envuelven a las economías desarrolladas, la socialización de las deudas privadas y los planes de austeridad, acorde con los postulados de la Troika (FMI-BCE-CE), han provocado la pérdida de millones de puestos de trabajo aumentando el riesgo de causar importantes regazos en los derechos humanos.
Las condiciones de financiamiento externo favorables y los elevados precios de las materias primas en la mayoría de los países de América Latina se han traducido durante la última década en importantes mejoras de los niveles de vida y la profundización del crédito, particularmente en el sector inmobiliario ante el profundo déficit de vivienda que existe en la región.
La dramática caída en la cuenta corriente de China se refleja en cuatro factores principalmente. En primer lugar, el aumento del costo de importaciones de materias primas; segundo, el lento crecimiento de las economías avanzadas; tercero, el fortalecimiento del tipo de cambio real a favor del renminbi y cuarto, la inversión masiva china como estímulo a la crisis financiera.
En 2007 se inaugura una nueva etapa en las políticas económicas del gobierno ecuatoriano, el presidente Correa, buscó desligarse de las imposiciones del FMI y del Banco Mundial, con lo que se comenzó a revertir la tendencia neoliberal; así esta ocurriendo también en otros puntos del continente: Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela; aunque este proceso por contagioso que sea, no aleja del todo la posibilidad de un regreso al neoliberalismo.
La consolidación fiscal pactada por el Gobierno de España plantea la reducción del déficit público hasta en un 5.3% en 2012.
La consolidación fiscal es uno de los principales ejes que expone el Gobierno de España para estimular el crecimiento económico y empleo conforme a un panorama de confianza necesaria para que la financiación sea abundante.
A través de una exposición sintética, el Gobierno de España describe los objetivos macroeconómicos en años venideros que reviertan la recesión que no sólo afecta a países como Grecia, Irlanda, Portugal y España sino a todos los integrantes de la Unión Europea.
La renacionalización del 51% de la petrolera YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández sorprendió a los mercados de petróleo. Repsol está pidiendo cerca de 10 mil millones de dólares como indemnización sin embargo es probable reciba menos debido a la valoración de los pasivos ambientales.
