Notas de interés

Costa Rica se ha convertido formalmente en el trigésimo octavo país miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el cuarto país de América Latina y el Caribe en unirse a la institución después de México, Chile y Colombia.

El país ha completado los procedimientos domésticos para la ratificación de la Convención de la OCDE y ha depositado su instrumento de acceso, lo que supone una conclusión exitosa del proceso de acceso que comenzó en abril de 2015.

Los países miembros de la OCDE invitaron formalmente al país centroamericano a unirse a la Organización en mayo de 2020, después de un proceso de adhesión de cinco años mediante el que 22 comités del organismo sometieron al país a varios análisis técnicos para introducir grandes reformas para alinear su legislación, políticas y prácticas a los estándares del organismo.

Los productores y los consumidores parecen indefensos mientras los alimentos de todo el mundo se encuentran bajo un control empresarial cada vez mayor. Estos cambios también han empeorado el colapso medioambiental, la dislocación social y la condición humana.

Históricamente, los recursos naturales se compartían común o públicamente. El agua y la tierra han sido utilizadas durante mucho tiempo de forma sostenible por agricultores, pescadores y pastores. Pero el valor de mercado ha crecido con los "derechos de propiedad", especialmente con la adquisición por parte de las empresas.

Si las tendencias actuales continúan, el sistema alimentario estará cada vez más controlado por las grandes empresas transnacionales a expensas de miles de millones de agricultores y consumidores.

El presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado, reconoció que la materialización del Plan Nacional de Descarbonización (PdD) hacia el 2050 aportaría al país más de 41.000 millones de dólares en beneficios netos.

Entre los pilares del PdD, el presidente resaltó el transporte público seguro, eficiente y renovable y el impulso de la economía circular. Afirmó que Costa Rica posee la mayor cobertura de centros de carga rápida para vehículos eléctricos en toda la región y enfatizó que se debe prohibir la exploración petrolera al indicar que “por falsas ilusiones de riqueza sucia, no podemos darle la espalda a un legado verde construido por generaciones”.

Alvarado recordó a los legisladores la importancia de la ratificación del Acuerdo de Escazú. Se trata del primer acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente, Aunque Costa Rica fue uno de los dos países proponentes del Acuerdo de Escazú para dar protección a las personas defensoras del medio ambiente, junto con Chile, aún no ratifica dicho acuerdo, el cual quedó estancado en la Asamblea Legislativa justo después de que las cámaras empresariales manifestaron su tajante oposición.

Los Estados Parte del Acuerdo de Escazú celebraron el pasado jueves 22 de abril la entrada en vigor del tratado. A la fecha, 24 países de la región lo han firmado y 12 ya lo han ratificado.

En una jornada virtual organizada por la CEPAL, se reafirmó la importancia del acuerdo. Alicia Bárcena destacó que el Acuerdo de Escazú representa un homenaje a la Madre Tierra y nos ofrece un camino de diálogo para avanzar en la implementación de la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible en un momento tan complejo como el que la región y el mundo están viviendo hoy. Guía, en definitiva, nuestras respuestas para construir mejor.

Por su parte, la Vicepresidenta de Costa Rica, Epsy Campbell, indicó que el Acuerdo contiene las herramientas mínimas necesarias para velar porque los recursos naturales sean adecuadamente utilizados, para exigir a las autoridades el justo acceso a la información en asuntos ambientales que puede directamente incidir sobre las vidas de los ciudadanos y para proponer soluciones basadas en la naturaleza para la atención de la salud de los ecosistemas.

El canciller de Nicaragua, Denis Moncada, acusó a la Organización de los Estados Americanos (OEA) de instrumentalizar los diferentes mecanismos del organismo como sistemas de presión contras los países latinoamericanos que no hacen "causa común" con la política injerencista del Gobierno de Estados Unidos.

El gobierno de Nicaragua ordenó el cierre de la sede de la OEA ubicado en Managua, llamando la atención al organismo de ser hacer un “papel miserable” de agente de Estados Unidos mientras algunos países son mantienen un trato preferente a pesar de la constante violación de los Derechos Humanos, como el caso de Colombia.

El 24 de abril la OEA ha exigido al gobierno nicaragüense el respeto y el cumplimiento a las obligaciones que todavía tiene con la organización.