análisis por pgaleazzi

Los expertos en derechos humanos de la ONU acogieron con satisfacción la pronta entrada en vigor del primer tratado de derechos humanos sobre el medio ambiente en América Latina y el Caribe, conocido como el Acuerdo de Escazú, considerándolo un pacto innovador para luchar contra la contaminación y asegurar un medio ambiente saludable, proporcionando a las comunidades de la región las herramientas necesarias para exigir que los Estados rindan cuenta de la protección y el cumplimiento de su derecho.

El Acuerdo de Escazú incluye fuertes salvaguardias para los pueblos indígenas y los defensores de los derechos humanos del medio ambiente, en un momento en que están sujetos a niveles de violencia sin precedentes.

Los expertos elogiaron a los 11 países que ratificaron el acuerdo: Antigua y Barbuda, Argentina, Bolivia, Ecuador, Guyana, Nicaragua, México, Panamá, San Vicente y las Granadinas, San Cristóbal y Nieves y Uruguay.

Un grupo de investigación de la Facultad de Química (FQ) trabaja en el desarrollo de sistemas catalíticos más eficientes que los actuales, basados en nuevos materiales nanoestructurados, a fin de disminuir la contaminación ambiental por el uso de combustibles fósiles.

Los combustibles más usados en México son diésel y gasolina, los cuales se producen a partir del petróleo. El crudo Maya, que se extrae en mayor proporción, está muy contaminado, pues contiene alrededor del 3.5 por ciento en peso de azufre.

Tatiana Klimova, docente del Departamento de Ingeniería Química de la FQ comentó que durante la refinación del petróleo, no se logra eliminar completamente los elementos de azufre refractarios contenidos en el petróleo. Por ello, la experta y su equipo han desarrollado dos tipos de sistemas para aumentar la eficiencia de los catalizadores, además de aportar una alta habilidad de hidrogenación de aromáticos, lo que los vuelve factibles para el tratamiento y producción de diésel de alta calidad y bajo contenido de azufre.

En un 25% de la Reserva de la Biosfera Maya apenas hay incendios, deforestación, saqueos o traficantes de cocaína. Hay muy poca emigración y las remesas económicas desde el extranjero son insignificantes. Y aunque el Estado está prácticamente ausente, hay clínicas y escuelas.

Esto se debe al modelo de concesiones forestales manejadas por comunidades, que desde su creación en 1997 han levantado la economía local protegiendo uno de los enclaves naturales y culturales más importantes de América Latina. Estas concesiones, otorgadas por un periodo de 25 años, se han convertido en la principal fuente de ingresos de las comunidades indígenas y rurales de la zona. Pero a medida que el momento de renovar los permisos se acerca, las presiones externas van en aumento. La guerra contra las drogas está llevando a las organizaciones criminales a adentrarse en zonas cada vez más remotas, lo que convierte a las concesiones en una isla de resistencia dentro de un mar de amenazas.

El gobierno de Guatemala ha expresado su deseo de dar continuidad a las concesiones forestales comunitarias, también el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) lleva años apoyando la conservación y desarrollo sostenible en la Reserva de la Biosfera Maya, pero queda trabajo por delante.

Las principales cadenas de supermercados británicos amenazan con bloquear los productos producidos en Brasil si se aprueba una ley que propiciaría una mayor deforestación de la selva amazónica.

El jefe de Estado, escéptico sobre el consenso científico acerca del cambio climático, no ha hecho nada para desalentar la explotación de dicha selva para la agricultura o la minería, sino todo lo contrario. La relación que tiene el presidente de Brasil con la región es buscar riqueza en sus tierras, sin importarle la selva o los pueblos indígenas, explotando los recursos naturales de forma desmedida, así como abusar de la minería para extraer el oro, los diamantes, entre otros minerales.

En una carta entregada al gobierno británico en febrero, líderes indígenas pidieron al primer ministro y otros dirigentes europeos que no acepten en sus países productos que responsabilizan de la destrucción de sus tierras.

Menos selva, más desigualdad, delincuencia y un patrimonio cultural que está en riesgo. La Covid-19 ha interrumpido el trabajo de los pobladores en la Amazonia, pero no ha frenado la destrucción de su selva. La deforestación ha aumentado 64% tan solo en abril de 2020, comparado con abril del 2019.

El Covid-19 ha interrumpido el trabajo de miles de moradores en la Amazonía, pero no ha conseguido frenar la destrucción de este paraíso medioambiental. El verdadero problema reside en el avance del capital sobre la naturaleza.

La Covid-19 se ha adentrado en las aldeas y comunidades tradicionales de la región amazónica, cobrando vidas de los históricos guardianes de la naturaleza que ejercen resistencia ante los invasores, madereros y mineros que amenazan la región. El presente ya se perfila catastrófico en la selva amazónica y el mañana puede ser aún peor.