El acuerdo de París, firmado en 2015, es hasta ahora el más ambicioso desarrollado entre las naciones para combatir el cambio climático. Dicho acuerdo busca mantener el nivel de temperatura mundial por debajo de los 2°c respecto a los niveles preindustriales, y continuar fijando metas para limitar este aumento a 1.5°c.
El presente artículo señala que las acciones emprendidas por los gobiernos resultan insuficientes para retardar el progresivo cambio climático. América Latina, será una de las zonas geográficas más afectadas económica y socialmente por este hecho. Pese a ello, la agenda climática latinoamericana, no se apega a los estándares internacionales que buscan mitigar esta situación
Las contribuciones nacionalmente determinadas, es decir las metas de mitigación que los países se fijan, son insuficientes para alcanzar los objetivos planteados. De acuerdo con la Declaración de la Organización Mundial de Meteorología sobre el estado del clima mundial en 2020, hay una aceleración en los indicadores del cambio climático, como la subida del nivel del mar, el derretimiento de los polos, y fenómenos meteorológicos extremos como huracanes o sequías prolongadas que amenazan gravemente el desarrollo socioeconómico de la población mundial.
Según datos de la revista Environmental Research Letters, el PIB mundial podría reducirse hasta un 37% para el año 2100, por efectos del cambio climático. Durante la primera mitad del 2021 estos fenómenos climatológicos les han costado a las aseguradoras globales más de 40 m.m.d. y se espera que para 2030 se duplique el número de personas afectadas por desastres naturales.
El atlas generado por la OMM que analiza las pérdidas humanas y económicas derivadas del cambio climático dice que, entre 1970 y 2019, el 74% de los daños económicos y el 45% de las muertes que se registraron, fueron provocados por fenómenos climáticos extremos, principalmente sequías y tormentas. Cabe recalcar que el 91% de las muertes derivadas de estos fenómenos ocurrieron en países en vías de desarrollo.
Acorde con Naciones Unidas, América Latina se verá sumamente afectada por elementos relacionados con el cambio climático como olas de calor, persistencia de los incendios forestales, perdidas de cultivos, entre otros. De hecho 2020 fue el tercer año más cálido de Centro América y el Caribe, y el segundo más cálido para América del Sur.
En esta Línea, la secretaria ejecutiva de la CEPAL expresó durante una conferencia que las calificadoras internacionales consideran la vulnerabilidad climática como un criterio para rebajar la calificación, lo cual resulta problemático ya que esto “aumentaría el costo de la deuda pública y el pago de intereses para los países en vías de desarrollo”. Así mismo tendrá un impacto sobre el costo del crédito internacional privado y las tasas de interés internas.
Lo anterior nos lleva a preguntarnos ¿Qué tan comprometidos están los países latinoamericanos con la reducción de GEI y qué tan ambiciosas son sus metas y políticas para reducir la vulnerabilidad de la región frente al cambio climático?
La respuesta es clara, pero no alentadora. En la región las medidas de recuperación post COVID-19 y los estímulos económicos no están en sintonía con los objetivos de la Agenda 2030 o el acuerdo de París. Entre 2016 y 2019 el presupuesto promedio destinado a la protección ambiental por los gobiernos nacionales era del 0.4%, en 2020 dicho presupuesto se redujo a solo 0.2%.
Los países latinoamericanos no terminan de apostar por una verdadera transformación energética. El gas natural y el petróleo representan el 65% de la producción energética en la región, estos insumos son principalmente empleados en la producción de gasolinas y otros combustibles. Argentina, Bolivia y México son los países que más emplean combustibles fósiles como fuente de energía eléctrica. En México la reforma energética implementada por el gobierno busca incentivar la inversión en hidrocarburos.
Finalmente, los sistemas de alerta y monitoreo de riesgos especialmente en Centroamérica y América del Sur resultan ineficientes, al igual que los planes económicos de asistencia. En los últimos años Cuba, Haití y México han sido los más afectados por tormentas tropicales, pese a ello, en México se ha optado por erradicar el Fondo de Desastres Naturales.
El coste de adoptar medidas de mitigación es mucho menor al que los países, en especial los latinoamericanos, se deberán enfrentar si no establecen pronto ´políticas más ambiciosas dirigidas a cumplir los objetivos establecidos por el acuerdo de París. Las catástrofes ambientales aumentarán año con año y la región que ya ha sido duramente golpeada por el COVID-19, no cuenta con los elementos para hacer frente a ello.
Ante el panorama climático actual, los países en desarrollo deberían replantearse que tanto están haciendo para luchar contra el cambio climático, ya que, si bien no son las naciones que mas contaminan a nivel mundial, si serán las mas afectadas por ello.
