Donald Trump firmó este martes dos órdenes ejecutivas para resucitar los proyectos de construcción de dos polémicos oleoductos –el Keystone XL y Dakota Access-, que la Administración de Obama frenó con el daño medioambiental como argumento. La medida refleja el giro que el nuevo Gobierno estadounidense da también en este ámbito, si bien el presidente advierte de que “renegociará” las condiciones de la obra. Un rato antes, en una reunión con ejecutivos de la automoción, dijo que "el ecologismo está fuera de control”.
El giro proteccionista de su política económica también impregna el asunto de los oleoductos de la discordia, ya que en otro decreto el presidente también plantea que estos nuevos sistemas de tubos deben producirse en Estados Unidos, con material estadounidense. “Compra productos americano, contrata a trabajadores americanos”, dijo en su discurso inaugural, y en esa misma línea se expresó este martes mientras rubricaba los decretos.
“Vamos a renegociar algunas condiciones”, dijo el republicano, “y si les gusta, veremos si podemos construir ese oleoducto, [habrá] muchos empleos, 28.000 estupendos empleos de construcción”. “Vamos a devolver al trabajo a un montón de trabajadores del acero”. “Vamos a construir nuestros propios tubos, como en los viejos tiempos”, enfatizó el empresario neoyorquino, que ha convertido la vuelta a la América más fabril en uno de los ejes de su política.
El bloqueo del macroproyecto Keystone –la ampliación de un tubo que transportaría petróleo desde Canadá hasta el golfo de México- fue una victoria del movimiento ecologista tras años de batalla. La compañía TransCanada lo presentó en 2008 y salió adelante en el Congreso en 2014, gracias a la nueva mayoría republicana, pero Obama lo acabó vetando.
El Dakota Access, que movilizó a la tribu sioux de Dakota del Norte porque afecta a su reserva, se frenó por decisión del presidente demócrata el pasado septiembre, a la espera de cómo el caso avanzaba en los tribunales. El tubo uniría Dakota, un estado clave en el boom del fracking (la polémica técnica de fractura hidráulica del subsuelo), con Illinois pero, según los sioux, atravesaría tierras ancestrales y contaminaría sus aguas.
Los detractores del Keystone XL –un proyecto que supone ampliar en 1.900 kilómetros la tubería, hasta sumar más de 2.700-, argumentan que el petróleo que se transporta resulta muy contaminante y que, además, la obra supone atravesar espacios protegidos y no hace sino aumentar la dependencia de las energías fósiles. Sus defensores esgrimen las decenas de miles de empleos que se crearán y el abaratamiento de la energía para las empresas. El tramo paralizado uniría Alberta (Canadá) con Nebraska hasta conectar con otro tramo ya existente que llegaría al golfo de México y permitíra transportar 830.000 barriles diarios.
Giro en política ambiental
Trump cumple así, en los primeros días de su presidencia, otra de sus promesas electorales, que era impulsar este tipo de obras. El republicano se alinea en este caso con la filosofía de su partido, que era favorable al oleoducto, aunque se desmarca al poner como condición la producción doméstica del proyecto, en línea con ese giro proteccionista que sí rompe el credo conservador y que el día anterior se hizo palpable con la retirada del tratado comercial pacífico (TPP).
En asuntos medioambientales, el nuevo presidente estadounidense ha dejado muy claro desde la campaña que iba a aplicar una política muy diferente de la de su predecesor, que en septiembre ratificó el pacto de París contra el cambio climático. Trump, por el contrario, no solo se comprometió a dar mayores facilidades a la industria del petróleo y el carbón, sino que llegó a tachar el calentamiento global de “bulo” fabricado por China para poner cortapisas regulatorias a la competitividad de las empresas americanas, aunque tras las elecciones matizó sus palabras. Fue también significativa su elección para el puesto de director de la Agencia para la Protección del Medio Ambiente, donde colocó a Scott Pruitt, un fiscal de Oklahoma (estado volcado en petróleo y carbón) que bloqueó varias regulaciones de Obama.
A los ejecutivos de grupos automovilísticos con los que se reunió por la mañana (General Motors, Ford Motor y Fiat Chrysler), Trump les prometió precisamente incentivos fiscales y una rebaja de la carga regulatoria a cambio de que potencien la producción en Estados Unidos, sobre todo, de estos vehículos destinados a este mercado.
