Ante un entorno de crisis económico-financiera que envuelven a las economías desarrolladas, la socialización de las deudas privadas y los planes de austeridad, acorde con los postulados de la Troika (FMI-BCE-CE), han provocado la pérdida de millones de puestos de trabajo aumentando el riesgo de causar importantes regazos en los derechos humanos.
Ante ello, un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas proponen a los delegados de la Unión Europea la adopción de un impuesto a las transacciones financieras internacionales que compense los costos de la actual crisis económica, de los combustibles, del clima y de las crisis alimentarias además de proteger los derechos humanos básicos.
El impuesto, considerando una de las tasas más bajas, generaría alrededor de 48 mil millones de dólares para las veinte economías principales del mundo, contemplando hasta un total de 250 mil millones de dólares al año con tasas más elevadas.
