El capitalismo enfrenta al menos tres grandes crisis. Una crisis sanitaria inducida por la pandemia, que rápidamente encendió la mecha de una crisis económica con consecuencias todavía desconocidas para la estabilidad financiera, y todo esto en el contexto de una crisis climática que no admite respuesta dentro del paradigma actual («business as usual»). Hasta hace apenas dos meses, las imágenes inquietantes de trabajadores agotados que colmaban los medios noticiosos no eran de personal médico, sino de bomberos.
Esta triple crisis ha revelado varios problemas en el modelo de capitalismo actual, que deben resolverse íntegramente mientras al mismo tiempo enfrentamos la emergencia sanitaria inmediata. De lo contrario, sólo resolveremos problemas en un lugar y crearemos nuevos problemas en otro. Es lo que sucedió con la crisis financiera de 2008. Las autoridades inundaron el mundo de liquidez sin dirigirla hacia buenas oportunidades de inversión; eso llevó a que el dinero fluyera de nuevo hacia un sector financiero que fue (y sigue siendo) incapaz de cumplir su función.
La crisis de la COVID‑19 está exponiendo todavía más defectos en las estructuras económicas, en particular la creciente precariedad del trabajo, debida al surgimiento de la economía de plataformas y a décadas de deterioro del poder de negociación de los trabajadores. Para la mayoría de la gente, el teletrabajo sencillamente no es opción; y si bien los gobiernos están dando alguna ayuda a los trabajadores con contrato formal, los autoempleados podrían quedar abandonados a su suerte.
Peor aún, los gobiernos están dando préstamos a las empresas en un momento en que la deuda privada ya se encuentra en un nivel históricamente alto. En Estados Unidos, la deuda total de los hogares justo antes de esta crisis era 14,15 billones de dólares (1,5 billones de dólares más que en 2008, en términos nominales). Y no olvidemos que un alto nivel de deuda privada provocó la crisis financiera global.
Por desgracia, durante la última década muchos países aplicaron medidas de austeridad, como si la deuda pública fuera el problema. El resultado fue un debilitamiento de las mismas instituciones públicas que necesitamos para superar crisis como la pandemia de coronavirus. Desde 2015, el Reino Unido redujo el presupuesto sanitario en mil millones de libras (1200 millones de dólares), lo que aumenta la presión sobre los médicos en formación (muchos directamente abandonaron el Servicio Nacional de Salud) y reduce las inversiones a largo plazo que se necesitan para que los pacientes reciban tratamiento en establecimientos seguros, modernos y bien provistos de personal. Y en Estados Unidos (que nunca tuvo un sistema de salud pública bien financiado) la administración Trump lleva tiempo tratando de recortar fondos y capacidades a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), además de otras instituciones cruciales.
Como si estos daños autoinfligidos no bastaran, un sector empresarial excesivamente «financierizado» ha estado extrayendo valor de la economía para premiar a los accionistas con planes de recompra de acciones, en vez de apuntalar el crecimiento a largo plazo invirtiendo en investigación y desarrollo, salarios y capacitación de los trabajadores. Eso dejó a los hogares desprovistos de colchones financieros, lo que les dificulta el acceso a bienes básicos como la vivienda y la educación.
La mala noticia es que la crisis de la COVID‑19 está exacerbando todos estos problemas. La buena noticia es que podemos usar el estado de emergencia actual para comenzar a crear una economía más inclusiva y sostenible. No se trata de postergar o impedir el apoyo estatal, sino de estructurarlo correctamente. Tenemos que evitar los errores de la era post‑2008, cuando los programas de rescate permitieron a las corporaciones aumentar todavía más sus ganancias al terminar la crisis, pero no sentaron las bases para una recuperación sólida e inclusiva.
Esta vez, las medidas de rescate sí o sí tienen que ir acompañadas de condiciones. Ahora que el Estado va a ser otra vez actor principal, hay que darle el papel del héroe, no el del ingenuo que paga los platos rotos. Eso implica proveer soluciones inmediatas, pero pensadas de modo tal que sirvan al interés público en el largo plazo.
Por ejemplo, condicionar la ayuda estatal a las empresas a que estas no despidan empleados, y asegurarse de que cuando la crisis termine, invertirán en capacitación de los trabajadores y en mejorar las condiciones laborales. Mejor aún, los gobiernos deberían (como en Dinamarca) ayudar a las empresas a seguir pagando los salarios de los empleados que no estén trabajando: eso permitirá, simultáneamente, proteger las fuentes de ingresos de los hogares, prevenir la propagación del virus y facilitar a las empresas el reinicio de la producción cuando la crisis haya terminado.
Además, los programas de rescate deben estar diseñados de modo de incentivar a las empresas más grandes a recompensar la creación de valor en vez de su mera extracción; esto incluye prevenir las recompras de acciones y alentar inversiones en crecimiento sostenible y reducción de la huella de carbono. El año pasado la asociación estadounidense de empresas Business Roundtable declaró su voluntad de adoptar un modelo de creación de valor para todas las partes interesadas (no sólo los accionistas); esta es la ocasión de respaldar las palabras con acciones. Si ahora el empresariado estadounidense empieza a poner peros, entonces hay que denunciar que aquello fue un engaño.
En lo referido a los hogares, los gobiernos no deben quedarse con el otorgamiento de préstamos, sino considerar la posibilidad de un alivio de deudas, especialmente en vista de los altos niveles de deuda privada que hay en la actualidad. Como mínimo, los pagos a acreedores deben congelarse hasta que la crisis económica inmediata esté resuelta, y hay que destinar las inyecciones de dinero en efectivo a los hogares más necesitados.
Además, Estados Unidos debe respaldar con garantías oficiales el pago de entre el 80 y el 100% de las nóminas salariales de las empresas afectadas (como han hecho el RU y muchos países asiáticos y de la Unión Europea).
También es hora de reconsiderar el modelo de alianza público‑privada. Ocurre muy a menudo que estos esquemas tengan más de parasitismo que de simbiosis. La búsqueda de una vacuna para la COVID‑19 puede convertirse en otra relación unidireccional, en la que las corporaciones obtienen enormes ganancias vendiendo a la gente un producto derivado de investigaciones financiadas por los contribuyentes. De hecho, pese a la importante inversión pública con dinero de los contribuyentes estadounidenses en el desarrollo de una vacuna, hace poco el director del Departamento de Salud y Servicios Sociales de los Estados Unidos, Alex Azar, admitió que los tratamientos y vacunas que se desarrollen para combatir la COVID‑19 tal vez no estén al alcance de todos los estadounidenses.
Necesitamos con urgencia estados emprendedores que inviertan más en innovación en áreas como la inteligencia artificial, la salud pública, las energías renovables, etcétera. Pero esta crisis es un recordatorio de que también necesitamos estados que sepan cómo negociar, para que los beneficios de las inversiones hechas con dinero de la gente vuelvan a la gente.
Un virus asesino ha expuesto grandes falencias en las economías capitalistas occidentales. Ahora que los gobiernos están en pie de guerra, tenemos una oportunidad de arreglar el sistema. Si no lo hacemos, no tendremos ninguna chance frente a la tercera gran crisis (la creciente inhabitabilidad del planeta) y todas las otras más pequeñas que traerá aparejadas en los años y décadas que vendrán.
