Los tres períodos neoliberales en la Argentina han concluido con rasgos que son un calco entre sí: endeudamiento colosal que requirió de reestructuraciones, encuadradas en programas con el FMI. Este organismo condicionó siempre la política económica y la autonomía de su formulación: es el rasgo de su ADN. El endeudamiento financió fuga de capitales y el engrosamiento de los activos externos de argentinos y empresas locales. Estas regresiones económico-financieras concurrieron con un violento derrumbe del salario, que cayó el 42% durante la dictadura. El menemismo y la Alianza dejaron, con la caída de su modelo de convertibilidad, el salario real más bajo en siete décadas, desde el primer peronismo. Durante el gobierno de Macri el descenso salarial terminará superando el 20%. Los indicadores de desempleo y pobreza han acompañado esos deterioros componiendo cuadros de aguda regresión social.
El neoliberalismo se estructuró centralmente en liberalizaciones cambiarias, financieras y comerciales, junto a reformas institucionales que debilitaron las regulaciones en el mercado de trabajo. La dictadura impuso esas transformaciones con los métodos del terror de Estado. El menemismo y el macrismo, impulsando legislaciones y dictando disposiciones del PE que desprotegían a los trabajadores y de raíz antisindical. Las consecuencias de estas políticas, junto a otras medidas, promovieron y consolidaron la concentración y extranjerización de la economía, su desindustrialización y desorganización.
El proceso de financiarización
Estas políticas no fueron un caso particular de la Argentina. Habilitaron, como en otros países, al bloque de poder concentrado para insertarse en el proceso de financiarización por el que transitaba la economía internacional. Abeles, Caldentey y Valdecantos (Estudios sobre la Financiarización de América Latina,CEPAL, 2018) sostienen que la financiarización se articula con un proceso de desposesión constituyendo, esa fusión, la clave de una fase particular del capitalismo en la que la acumulación se basa en la redistribución de activos. La financiarización se conforma como desacople entre las actividades financieras y la economía real y se entreteje con el surgimiento de sistemas financieros complejos, interconectados y frágiles. La desposesión, categoría acuñada por Harvey, deriva del concepto de acumulación originaria de Marx, que describe la forma y momento en que “se separa súbita y violentamente a grandes masas humanas de sus medios de subsistencia y de producción y se las arroja, en calidad de proletarios totalmente libres al mercado de trabajo”. Es el modo con el que los futuros propietarios de medios de producción habían construido las condiciones para el funcionamiento posterior del capitalismo y la mercantilización generalizada de la vida económica. Pero la desposesión se caracteriza porque la mercantilización de los ámbitos antes cerrados al mercado, se impone mediante cambios institucionales regresivos que destruyen derechos sociales y reservan mayores espacios a los derechos de propiedad, lo que requiere la intensificación cualitativa del carácter clasista del Estado. Otra diferencia es que la desposesión no se limita al período fundacional, sino que coexiste con el proceso de reproducción del capital.
Esos autores relevaron que en América Latina luego de 1980 la tasa de inversión real nunca volvió a alcanzar el nivel de las décadas del ’60 y ’70 y ninguna actividad productiva proporciona el nivel de rentabilidad que prodigan las finanzas. La excepción son la explotación de recursos naturales y la prestación de servicios públicos en condiciones monopólicas. Son justamente actividades cuya desmercantilización promovía el constitucionalismo social, como la Constitución Argentina de 1949, por tratarse de recursos estratégicos nacionales o actividades que atendían derechos humanos esenciales.
A su vez el propio FMI, en un estudio sobre un centenar y medio de países, comprobó que la apertura al movimiento de capitales deriva en una merma de la participación de los salarios en el ingreso nacional y en un aumento de la desigualdad en la distribución personal del ingreso. En América Latina se observa esa dinámica de manera más agudizada, y con el agregado de una distribución regresiva de la riqueza.
El gobierno de Macri resultó una comprobación paradigmática de la relación entre las reformas neoliberales y las consecuencias típicas de la financiarización y desapropiación: caída del producto y la inversión, redistribución regresiva del ingreso, descenso del salario, beneficios insólitamente elevados para los bancos, la especulación financiera, las empresas de servicios públicos con tarifas dolarizadas, también para las actividades extractivas del sector primario y las producciones agropecuarias con ventajas naturales por la renta del suelo y los sectores vinculados a ellas. A lo que se debe agregar su contribución a acentuar el atraso científico tecnoproductivo.
Una cuestión de ideología y poder
Las políticas de los tres turnos de liberalizaciones exceden el debate respecto a cuestiones de la mala praxis macroeconómica. Su análisis crítico requiere adentrarse en el patrón de acumulación, la discusión de la cuestión del desarrollo, la controversia respecto al proyecto nacional y en la polémica en relación a la sustancia de la propia democracia. Sin embargo, hay una insistencia en el debate público e intelectual en abordar las cuestiones sobre los equilibrios fiscales y monetarios, como si en el manejo de instrumentos y tiempos radicaran los sucesivos fracasos de los fallidos ensayos inspirados en la economía ortodoxa. O peor aún, adjudicando las penurias populares y sus crisis terminales a la insuficiencia de reformas para construir el dispositivo neoliberal completo. Una cuestión de ideología y poder.
Es un desafío de la lucha de ideas convertir la derrota del macrismo en el fin de la última experiencia de este carácter en la Argentina. Visto está el destino que depara la liberalización de los flujos de capitales. Por lo tanto, la lección hacia el futuro es construir con rigor metodológico el dispositivo de control de capitales a la entrada y a la salida que, para ser eficiente, debe conjugarse con un régimen de control cambiario y de regulación financiera integral para direccionar el crédito hacia la producción. Sintéticamente, se trata de desarmar la inserción financiera global indiscriminada y autonomizada del proceso productivo. La reestructuración de las finanzas requiere de una cuestión adicional no menor. En la ya mencionada publicación de CEPAL, Abeles, Grinberg y Valdecantos refutan la vigencia de la idea que la IED (Inversión Extranjera Directa) constituye una inversión de capital fijo no repatriable con facilidad e inmediatez. Sostienen que la financiarización tendió a borrar las diferencias entre inversión directa (consideradas como de largo plazo) y las de cartera (consideradas como de corto plazo). La dilución de la diferencia se debe a que las casas matrices pueden estar motivadas a efectuar inversiones directas por estímulos ajenos a los productivos, como el arbitraje tributario, la diversificación financiera o la especulación. Así los flujos de IED poseen dinámicas semejantes a los activos de corto plazo, existiendo una creciente facilidad para que los inversionistas externos puedan tomar control de una empresa, o renunciar a él, a través de fusiones o adquisiciones. Las firmas son hoy como mercancías o papeles de deuda que resultan intercambiables a diario en el mercado. La otra característica adjudicada tradicionalmente a la IED es la difusión de tecnología o de mejores prácticas, pero la vigencia actual de esos efectos benéficos ha sido intensamente cuestionada.
Estas características presentes de la IED desaconsejan su elección preferente para el financiamiento del balance de pagos. Es notable el aumento significativo de su participación relativa en los flujos transfronterizos. Y aun es de mayor atención el incremento de las rentas derivadas de estas inversiones en la cuenta corriente del balance de pagos (remisión de utilidades al exterior) que se suman a la constitución de activos externos, como un mecanismo más de succión de divisas de los países periféricos. Hay naciones en las que la salida por este concepto supera anualmente los nuevos ingresos de IED, y en la mayoría de las regiones el egreso de divisas para remisión de utilidades excede a los servicios de la deuda estrictamente financiera.
Mecanismos encubiertos de fuga
En el año 2006, en el documento de trabajo n°12 del CEFID-AR, Ariana Sacroisky advertía que durante los años ’90 y en los primeros de este milenio las empresas extranjeras tuvieron como práctica, en Argentina, la remisión del grueso de sus utilidades al exterior. Durante la década del ’90 se debe agregar a esa conducta el fuerte endeudamiento externo, con la consecuencia de fuertes remisiones posteriores de capital e intereses. Cabe agregar que estos “endeudamientos”, muchas veces, encubrían ingresos de capital como forma de elusión tributaria. A su vez la globalización productiva, con la consecuente construcción de cadenas de valor que fragmentan el proceso productivo entre países, permiten las transacciones entre casas matrices y filiales que favorecen mecanismos encubiertos de fuga de capitales y evasión tributaria.
Los caminos de un proyecto nacional de desarrollo autónomo requieren evitar el ingenuo atajo de pivotear centralmente en el capital extranjero, el que en los marcos de la globalización financiera ha construido una ingeniería de arbitrajes que relativizan las diferencias entre sus distintas formas de aparición o apariencia.
En otro contexto histórico, pero con vigencia conceptual en el presente, durante la gestión de José Ber Gelbard en el último gobierno de Perón se había sancionado una Ley de Inversiones Extranjeras que exigía a la empresa extranjera que ingresara la producción de un beneficio neto en el balance de divisas, prohibía las radicaciones que implicaran el desplazamiento o la adquisición de empresas de capital nacional, excluía la posibilidad de radicación de firmas en actividades reservadas al Estado o a empresas de capital nacional y establecía un régimen restrictivo para la remesa de utilidades. Ese texto legal se complementó con una Ley de Promoción Industrial que dirigía sus beneficios para empresas de capital nacional y disponía una serie de cláusulas que protegían y promovían el desarrollo tecnológico local. También establecía la regulación de la remisión de divisas al exterior por servicios tecnológicos y royalties. La Ley de Defensa del trabajo y la producción había completado un trípode jurídico, fomentando el desarrollo de la tecnología local, promoviendo la generación de divisas por vía de la exportación de productos manufacturados e impidiendo la importación de bienes suntuarios o sustituibles por producción nacional. (Ver en Arceo y De Lucchi, Estrategias de Desarrollo y Regímenes Legales para la Inversión Extranjera, dt 43 CEFID-AR, 2012).
Posteriormente, cuando el despliegue de la financiarización, hubo un cambio generalizado y acentuado de los regímenes de inversiones extranjeras, en el marco de un sustancial debilitamiento de las burguesías de la periferia. Pero las modificaciones tuvieron muy distintas características y radicalidad, dependiendo de los gobiernos y países.
En la Argentina la dictadura cambió la Ley, y luego el menemismo profundizó la modificación. El caso argentino fue paradigmático porque la legislación introducida es de las más permisivas con la inversión extranjera y tiene uno de los índices más extremos de apertura sectorial, según un informe del Banco Mundial de 2010. Pero el grado de descontrol sobre la inversión externa se acrecentó con la firma de más de 50 tratados bilaterales de inversión que significan un reconocimiento de derechos adicionales a los inversores, que condicionan aun más la capacidad del Estado para definir su política. Entre los que se destaca la renuncia a la jurisdicción nacional para la resolución de conflictos y la aceptación del CIADI como tribunal arbitral.
La modificación de la Ley de Inversiones Extranjeras y la denuncia de los TBI (tratados bilaterales de inversión) es un objetivo de dimensión estratégica para un proyecto nacional. El tema no fue abordado en los doce años de gobiernos nacionales, populares y democráticos, y encararlo resulta imprescindible para una política autónoma de desarrollo.
En un proyecto nacional, el racionamiento necesario de las divisas requiere de un uso cuidadoso y planificado de ese recurso estratégico (la moneda mundial). Por lo tanto, el rol de asignador del mismo, que incluye las decisiones sobre los niveles, destinos y condiciones del endeudamiento externo y respecto del ingreso de IED, debe ser asumido por el Estado. Las divisas de la cuenta corriente del balance de pagos aportadas por las exportaciones serán, por lo menos en el corto y mediano plazo, insuficientes para las necesidades de una economía en expansión, en vías de reindustrialización y encarando actividades con mayor grado de complejidad. El gran desafío es abordar un camino de obtención de financiamiento que no suponga sumergirse en las lógicas de la financiarización.
En el corto plazo urge abordar la situación crítica del endeudamiento externo con la premisa de lograr la desvinculación más rápida posible del FMI, porque ésta impone una relación que obstruye el rumbo de autonomía política que requiere un proyecto de desarrollo nacional y reparación social.
