La renacionalización del 51% de la petrolera YPF por parte del gobierno de Cristina Fernández sorprendió a los mercados de petróleo. Repsol está pidiendo cerca de 10 mil millones de dólares como indemnización sin embargo es probable reciba menos debido a la valoración de los pasivos ambientales.
El gobierno argentino ha acusado a la empresa Repsol YPF de generar un entorno de depredación ambiental en su territorio convirtiendo al país en un importador neto de energía por primera vez en casi dos décadas a cambio de la repatriación de grandes beneficios a España. Argentina se ha dado cuenta de que es posible que los pasivos ambientales se puedan restar del pago a los accionistas de Repsol reclamado, primordialmente, por grupos indígenas y gobiernos de provincias como Neuquén, Santa Cruz y Mendoza.
El paso dado por Cristina Fernández para reclamar los pasivos ambientales puede, y debe, promover un entorno a nivel mundial en el que los operadores mineros y energéticos tengan en mente que no pueden generar un entorno destructivo del medio ambiente sin que sean perseguidos, exigiendo la promoción de medidas que contrarresten su daño.
