América Latina y el Caribe crecerá en 2021, aunque la pandemia continúa presente y la crisis agudizó los problemas estructurales de larga data en la región: baja inversión y productividad, informalidad, desocupación, desigualdad y pobreza. Por ello recuperar la inversión y el empleo especialmente en sectores ambientalmente sostenibles es clave para una recuperación transformadora e inclusiva, señaló hoy la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) al entregar una nueva versión de uno de sus más importantes informes anuales.
La Secretaria Ejecutiva del organismo, Alicia Bárcena, dio a conocer el Estudio Económico de América Latina y el Caribe 2021: Dinámica laboral y políticas de empleo para una recuperación sostenible e inclusiva más allá de la crisis del COVID-19, en el cual la CEPAL actualizó su proyección de crecimiento regional para este año a 5,9% y advirtió que la región tendrá una desaceleración en 2022, con una expansión estimada de 2,9%.
El crecimiento de 2021 se explica principalmente por una baja base de comparación -luego de la contracción de 6,8% anotada en 2020- además de los efectos positivos derivados de la demanda externa y el alza en los precios de los productos básicos (commodities) que exporta la región, así como por aumentos en la demanda agregada.
“Existen importantes asimetrías entre los países desarrollados y las naciones de ingreso medio -entre las que se encuentran la mayoría de los países de América Latina y el Caribe- tanto en la dinámica de la vacunación, como en la capacidad de implementar políticas para la recuperación económica”, indicó Alicia Bárcena.
“Para mantener políticas fiscales y monetarias expansivas los países de región requieren complementar los recursos internos con un mayor acceso a la liquidez internacional y con mecanismos multilaterales que faciliten el manejo de la deuda, si es necesario. Se necesitan iniciativas multilaterales para enfrentar las incertidumbres sobre la vacunación y el acceso de los países en desarrollo a financiamiento en condiciones adecuadas”, agregó la alta funcionaria de las Naciones Unidas.
El documento muestra que los problemas estructurales que por décadas han limitado el crecimiento económico de la región se agudizaron producto de la pandemia y limitarán la recuperación de la actividad económica. Antes del COVID-19 la región venía con una trayectoria hacia el estancamiento: en el sexenio entre 2014 y 2019 creció a una tasa promedio de 0,3%, menor al promedio del sexenio que incluye la Primera Guerra Mundial (0,9%) y el de la Gran Depresión (1,3%). Además muestra una caída progresiva en la inversión, alcanzando en 2020 uno de sus niveles más bajos en las últimas tres décadas (17,9% del PIB). De igual forma, la productividad laboral cae significativamente.
Por otro lado, en 2020 la pandemia desencadenó la mayor crisis que han experimentado los mercados laborales de América Latina y el Caribe desde 1950. A nivel mundial, los mercados del trabajo de la región fueron los más afectados por la crisis generada por el COVID-19 -el número de ocupados cayó 9,0% en 2020- y la recuperación esperada para 2021 no permitirá alcanzar los niveles pre-crisis.
Asimismo, la pandemia provocó una fuerte caída en la participación laboral, en particular de las mujeres. Con la crisis la participación femenina llegó en 2020 a 46,9%, lo que representa un retroceso a los niveles de 2002. En 2021 se espera una recuperación de este indicador, que llegaría a 49,1%, pese a lo cual los niveles serían similares a los de 2008.
El Estudio Económico resalta que la CEPAL ha planteado canalizar inversión hacia sectores que promuevan un nuevo estilo de desarrollo y que pueden potenciar competitividad, empleo, y bajar la huella ambiental. Estos son: la transición hacia energías renovables; movilidad sostenible en ciudades; la revolución digital, para universalizar el acceso a las tecnologías; la industria manufacturera de la salud; bioeconomía y servicios ecosistémicos; la economía del cuidado; economía circular; y turismo sostenible.
“Impulsar el empleo demandará políticas productivas y laborales para promover la inserción laboral, en especial de mujeres y jóvenes”, resaltó Alicia Bárcena. Agregó que se deben ampliar los programas que fomentan el empleo, en especial el femenino y el juvenil; impulsar políticas sectoriales para la reactivación de actividades productivas gravemente afectadas por la crisis, como el comercio y el turismo; extender y profundizar los programas de apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes); y potenciar la economía del cuidado.
En materia fiscal, el reporte resalta que la política fiscal debe acelerar la inversión pública e incentivar y atraer la inversión privada. Es prioritario para la sostenibilidad de la política fiscal fortalecer los ingresos tributarios y reducir la evasión, que representa alrededor de US$ 325.000 millones (o 6,1% del PIB regional).
En este ámbito, un mayor acceso a la liquidez internacional y mecanismos multilaterales que faciliten el manejo de la deuda contribuiría a ampliar el espacio de política fiscal y monetaria de la región. La emisión de Derechos Especiales de Giro (DEGs) equivalente a US$ 650 mil millones implementada recientemente, permitirá fortalecer la posición externa de los países de la región, disminuir el riesgo y liberar recursos para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Pero la emisión de DEGs y su reasignación no es una panacea y debe ser acompañada de otras iniciativas, incluyendo la creación de fondos multilaterales como el Fondo para Aliviar la Economía COVID-19 (Fund to Alleviate COVID-19 Economics - FACE) impulsado por Costa Rica, para facilitar el acceso a financiamiento.
El informe destaca la necesidad de fortalecer la banca de desarrollo regional, subregional y nacional con el fin de aumentar la capacidad de préstamos y de respuesta a la pandemia, así como el establecimiento de un mecanismo multilateral de reestructuración de la deuda soberana para hacer frente a las obligaciones contraídas con los acreedores privados. Añade la importancia de mitigar la pro-ciclicidad de las agencias calificadoras de riesgos y contribuir a que la estabilidad financiera sea un bien público global mediante la creación de una agencia multilateral de calificación crediticia.
“Se debe ampliar el conjunto de instrumentos innovadores para mejorar el acceso al financiamiento e incluir a los países de ingreso medio en todas las iniciativas de alivio de la deuda y acceso a liquidez concesional. El PIB no debe ser el único criterio para evaluar el desarrollo y necesidades de los países. Debemos pasar de la graduación a la gradación”, resaltó Bárcena.
