GINEBRA (8 de mayo de 2013) - Un grupo de expertos de derechos humanos de la ONU urgió a los gobiernos del mundo a ratificar un importante instrumento internacional que permite a los individuos y grupos a quienes se les han negado sus derechos económicos, sociales y culturales presentar denuncias que serán revisadas directamente por un comité de expertos de la ONU.
El Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que acaba de entrar en vigor, ha sido ratificado hasta el momento por diez Estados pioneros: Argentina, Bolivia, Bosnia y Herzegovina, Ecuador, El Salvador, Mongolia, Portugal, Eslovaquia, España y Uruguay, quienes han formado así un "club por la justicia social".
"Este nuevo procedimiento faculta a individuos y grupos, sin importar su nacionalidad o estatus migratorio, para que invoquen, entre otros, su derecho a la alimentación, al agua, a la salud, a la educación, a la vivienda, al trabajo y a la seguridad social, ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU," dijeron los expertos.
Los expertos independientes subrayaron que el Protocolo Facultativo representa "un gran paso en la protección y realización de los derechos económicos, sociales y culturales, y una poderosa confirmación de que son tan importantes como los derechos civiles y políticos, con los que se encuentran fundamentalmente interrelacionados y son interdependientes."
Este nuevo mecanismo, añadieron, da esperanza ante la latente regresión inherente a las llamadas ‘medidas de austeridad.' "Dicha regresión es incompatible con el artículo 5to del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales," declararon.
"La jurisprudencia es un derecho vivo que le da nombre y rostro a las víctimas" apuntaron los expertos. "Es dinámica y está orientada al futuro, crea precedentes que sirven para tres propósitos: proveer una reparación adecuada a situaciones específicas; establecer un significado concreto de las normas para facilitar su comprensión por parte de los servidores públicos y su cumplimiento por parte de las cortes nacionales; y finalmente, contribuir a la prevención de violaciones de derechos humanos," añadieron los expertos.
"El ‘club por la justicia social' seguramente crecerá, como fue el caso con el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que desde su entrada en vigor en 1976 ha permitido al Comité de Derechos Humanos registrar y examinar miles de casos, lo cual ha derivado en la adopción de criterios judiciales vanguardistas y reparaciones concretas para las víctimas," dijeron los expertos.
"Instamos a los gobiernos del mundo a unirse a este ‘club por la justicia social', y hacemos un llamado a los defensores de derechos humanos, a las instituciones nacionales de derechos humanos y a la sociedad civil en general, para que difundan este nuevo procedimiento de peticiones en un esfuerzo coordinado para lograr la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y de esta manera avanzar hacia una membresía universal," concluyeron los expertos independientes de la ONU.
