Investigaciones periodísticas indican que empresas de Perú, México y Estados Unidos, que proveen de madera al gobierno mexicano, mantienen una red para el tráfico de madera y lavado de dinero, así como evasión de impuestos.
La importación en México de madera del Amazonas peruano está en la mira por las reiteradas y probadas acusaciones de que un alto porcentaje de los volúmenes del recurso que ingresa nuestro país es de origen ilegal. Es decir, que fue talada en reservas forestales de la Amazonía sin permisos de aprovechamiento y que se extrajo del Perú con documentación falsa.
El 7 de junio trascendió que autoridades de los Estados Unidos allanaron las instalaciones de la compañía importadora de madera, Global Plywood and Lumber, en California, por supuestas importaciones sistemáticas de madera ilegal proveniente del Perú.
El portal especializado en información ambiental Mongabay.com indica que el Organismo Supervisor de Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (Osinfor) del Perú descubrió que ‘La Oroza’, empresa peruana exportadora de madera, “taló madera de manera ilegal por lo que sancionó la concesión que esta empresa administra”. El portal señala también que de acuerdo con “la declaración jurada adjunta en la orden de allanamiento a la empresa importadora de madera, Global Plywood and Lumber, entre el 2012 y el 2015 ingresó 9 mil 700 metros cúbicos de madera que le envió La Oroza. El monto talado equivale a 3.6 millones de dólares”.
Asimismo, refiere en un artículo publicado el 11 de junio que “…La Oroza tiene dos cargas paralizadas por haber sido catalogadas como ilegales por el gobierno peruano, según reportes de EIA (Agencia de Investigación Ambiental, por sus siglas en inglés). Una se dio en septiembre de 2015, en el puerto de la ciudad de Houston y otra en febrero del 2016 en la ciudad de Tampico, México”.
De acuerdo con datos del gobierno regional de Loreto, Perú, las exportaciones de madera provenientes de esa región hacia México acumulan un volumen de 154 mil 668 metros cúbicos y de 53 mil 477 metros cúbicos hacia Estados Unidos, en el periodo de 2010 al 2015. Según informes de la EIA, alrededor del 40 por ciento de ese volumen exportado tiene sospecha de haber sido talado ilegalmente.
Yacu Kallpa: de transporte de madera ilegal a escuela náutica
Uno de los medios de transporte más conocidos de aquella madera del puerto de Iquitos, Perú, hacia el puerto de Tampico, Tamaulipas, solía ser el buque Yacu Kallpa, aquel que fue retenido en repetidas ocasiones. Se le detuvo en Brasil, República Dominicana, Estados Unidos y México. Aquí fue retenida su carga por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) el 26 de enero de 2016.
El último viaje del Yacu Kallpa, de acuerdo con un artículo publicado en el portal del semanario Proceso, en enero de 2016, más del 70 por ciento de las cuatro mil toneladas de madera a bordo era ilegal, según logró corroborar el gobierno peruano. Las autoridades mexicanas procedieron a la retención del Yacu Kallpa con su carga. El suceso fue cubierto por varios medios, que llamaban la atención a cómo su tripulación tenía que mantener en el barco y les hacían falta alimentos entre otras cosas. Finalmente la embarcación fue abandonada por la empresa responsable en el puerto mexicano de Tampico y la tripulación fue repatriada a Perú.
El Yacu Kallpa pasó a ser propiedad del Estado mexicano y será convertida en buque escuela para impartir educación náutica.
¿Y la madera?
Estas cargas ilegales de madera habían estado llegando a México desde muchos años atrás, y ya se había detectado el ilícito. En el viaje previo a la misión en la que fue abandonado del buque Yacu Kallpa, realizado en septiembre de 2015, la carga de la embarcación fue retenida cuando arribó a México. Para el 21 de septiembre, el barco llegó a Tampico y antes de seguir su viaje a Houston desembarcó la mayor parte de su carga. Pero ésta fue retenida por las autoridades aduaneras mexicanas, que la revisaron durante varios días ante la alerta de su contraparte peruana.
De acuerdo con el artículo de Proceso está retención de la madera que transportaba “provocó la inconformidad de los importadores, que tuvieron que correr con los gastos de almacenaje mientras duraba la revisión, al tiempo que la Cámara de Comercio Mexicano-Peruana (CCMP) y la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de Productos Forestales (Imexfor) comenzaron a hacer gestiones para recuperar la mercancía”.
Finalmente, “los importadores mexicanos descargaron se llevaron la madera porque en México para importar madera lo que se necesita es mostrar un certificado fitosanitario y la madera cuenta con ese certificado. Pero la ley mexicana no dice nada sobre el origen de la madera.” Es decir, no es necesario comprobar su origen lícito.
En esa ocasión, luego de haber descargado la mayor parte de la madera que transportaba el barco, este siguió su ruta y llegó el 27 de septiembre a Houston, y ahí el resto de la carga fue retenida por autoridades estadounidenses.
Madera ilegal y offshore #panamapapers
Una de las empresas peruanas exportadoras de madera más importantes es Maderera Bozovich. Esta compañía tiene filiales en México (Bozomex y Bozoich SRL) y Estados Unidos (Bozovich Timber Products), y es la principal exportadora de recursos forestales del Perú a Estados Unidos, China y México. En México es uno de los más prominentes socios de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores Forestales, asociación que gestionó y obtuvo la liberación de la madera del embarque arriba mencionado.
De acuerdo con una investigación documentada por el portal peruano Ojo-Público.com, el volumen de las exportaciones de madera de Bozovich en el periodo de 2011 a 2015 rebasó los 115 millones de dólares y “en ese mismo tiempo, solicitó una devolución de impuestos por 20 millones de dólares”.
El portal Ojo-Publico.com tuvo acceso a los Panama Papers “como parte de la investigación liderada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) y el diario alemán Süddeutche Zeitung” en los que se evidencia cómo los dueños de la empresa maderera Bozovich crearon desde el año 2000 una red secreta de compañías offshore que les permitió eludir el pago de impuestos en la comercialización de madera de origen ilegal.
Como parte de su investigación, que se puede consultar aquí: Ojo-Público.com resalta la aportación del estudio publicado en 2012 por la organización estadounidense EIA, en la que “luego de rastrear los documentos de transporte y exportación de madera, identificó que una parte significativa de lo exportado por Maderera Bozovich tuvo un origen ilegal”.
El trabajo de Ojo-Público revela la mecánica de las sociedades offshore de los Bozoich para transferir miles de dólares desde su compañía Alabama ubicada en Nevada, Estados Unidos, hacia Bozovich SRL de México, ubicada en Querétaro.
Maderera Bozovich formalizó en 1980 sus exportaciones a los Estados Unidos y el Caribe (aunque llevan muchas décadas talando el Amazonas). En el 2000 crearon Bozovich Timber Products, una compañía constituida en Alabama, Estados Unidos, y dos años después, crearon Bozomex, en Querétaro, México, refiere la investigación.
“Al mismo tiempo, asesorados por Mossack Fonseca, los hermanos Bozovich Noriega desplegaron una red de empresas de fachada en paraísos fiscales para administrar sus cuentas bancarias y transferir acciones de sus empresas madereras en Perú y México,” alude la investigación de Ojo-Público.com.
La madera talada de manera ilegal en el Amazonas y en otras regiones, e introducida a México en barcos como el Yacu Kallpa y por compañías como las mencionadas por Ojo-Publico, entran al mercado mexicano continuamente sin que la Profepa tenga la capacidad o la disposición de impedirlo, y se comercializan entre los grandes compradores de madera. No olvidemos que el gobierno y sus empresas contratistas son precisamente los más grandes consumidores de madera, y que el gobierno mexicano no cuenta con ningún instrumento efectivo para garantizar que sus compras sean legales, y mucho menos, que cuenten con un certificado de buen manejo forestal. Mientras tanto la Profepa se dedica a perseguir a los ejidos y comunidades forestales mexicanas que tratan de llevar a cabo un aprovechamiento legal y sustentable de sus bosques.