El triunfo de la perseverancia: La resolución del G77+China ante la ONU sobre deuda soberana
Oscar Ugarteche[1]
El G-77+China (conformado por más de 130 países) aprobó en el marco de la Asamblea General del 9 de septiembre de 2014, la propuesta de crear un mecanismo de reestructuración de deuda soberana sustentado en la Organización de Naciones Unidas (ONU). Dado que todos los países del G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Gran Bretaña) son altamente endeudados (usando la definición del Banco Mundial de más de ciento por ciento de la deuda en relación al PIB), este mecanismo podría aplicarse más allá de las economías emergentes y en desarrollo para abarcar a todos los países que suscriban el mismo. En adelante, tendrán un año para construir el mecanismo pudiendo seguir los lineamientos de la UNCITRAL (Comisión de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional).[2][1]
La votación a favor representa un triunfo latinoamericano liderado por Argentina y propuesto por Bolivia. Recibió el apoyo de todos los países de América Latina a excepción de México. Costa Rica y el Perú cambiaron su voto en el último momento. Sin embargo, es una mala noticia para la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil europea que trabajan el tema de la deuda si se toma en cuenta que sus gobiernos emitieron los votos en contra. La excepción es Noruega, que ha tomado una postura positiva sobre el asunto. En América Latina, los profesores Oscar Ugarteche y Alberto Acosta propusieron una Tribunal Internacional de deuda soberana construido desde la ONU, publicado en español en 2006 por Polis y en inglés en el 2007 por el Finnish Journal of Latin American Studies. Esto diferencia su propuesta de la de otros países europeos y de la del propio Fondo Monetario Internacional (FMI). Desde el 2000, el mundo se dirigía hacia una crisis de deuda y no existían mecanismos en ciernes, como mostraron Argentina en el 2001 y Uruguay en el 2002.
La profesora Anne Krueger propuso en 2001 desde el FMI y con el apoyo de la ONU, un mecanismo de reestructuración de la deuda soberana (SDRM por sus siglas en inglés) que operaría dentro de casa. El argumento era que había mucho contagio financiero. El proyecto fue echado abajo por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en agosto del 2002. John Taylor ha escrito cómo la ayuda del Departamento del Tesoro en el caso de Uruguay, en agosto de 2002, facilitó la recuperación económica de dicho país,[3] lo que fue una detonante para acabar con la iniciativa del SDRM.
Únicamente en el 2014, después del caso del fondo de inversión NML Capital contra Argentina y del fallo final del juez Griesa, quien ordena que los últimos acreedores que no han restructurado, cobren más que los primeros que renegociaron su deuda, es que quedó en evidencia que hay un problema financiero de carácter sistémico. La respuesta no tardó en llegar por parte de la Asociación Internacional del Mercado de Capitales (ICMA por sus siglas en inglés), el mismo día que la iniciativa del G-77+China se introdujo en la Asamblea General para su votación, el 29 de agosto del 2014.
Las reformas propuestas por el ICMA, respaldadas por el Tesoro de Estados Unidos, en esencia afirman que las reglas estadounidenses aplicadas sobre Argentina están equivocadas. Afirman que "[…] el emisor no tendrá ninguna obligación de pago igual o catastral en cualquier momento con respecto a cualquier otra deuda externa y, en particular, no estará obligado a pagar otra deuda externa en el mismo tiempo o como condición para el pago de las cantidades adeudadas bajo los bonos y viceversa".[4] Al mismo tiempo acaban con el pari passu.
En segundo lugar, reducen los umbrales para el numero de tenedores de bonos que puedan entrar en una negociación "que se transmite por la mayoría de: (A) al menos el 66 2/3 por ciento del monto del capital total de los títulos de deuda en circulación de las series afectadas; y (B) más de 50 por ciento del monto total del capital de los valores en cada una de las series afectadas [...]". Estas reformas van en la dirección correcta, pero son insuficientes.
El G77+China ha hecho una incursión en la internacionalización de las cortes, la ley y la jurisdicción que será resistida por los once países que votaron en contra: Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Israel, Japón, Australia, Canadá, Hungría, República Checa, Irlanda y Finlandia. A favor votaron Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, (BRICS) más la mayoría de América Latina, África y Asia. Las abstenciones vinieron básicamente de Medio Oriente y los países insulares más algunos nuevos países europeos junto con Francia, Grecia, España e Italia. En cuanto a la abstención gala, es sorprendente dado que el Club de París tiene por sede el Tesoro francés, mientras que los países mediterráneos con alto endeudamiento se mostraron renuentes a asustar a los mercados financieros internacionales. La abstención de Francia debe por tanto verse como un voto en contra, y la de los países mediterráneos como un voto a favor.
La reacción de la representante de Washington, Terri Robl, puso sobre la mesa el hecho de que no esperaban la presentación de la propuesta, y mucho menos que obtendría mayoría absoluta de votos. La estadounidense sostuvo que un mecanismo (de reestructuración de deuda) se está discutiendo actualmente en el FMI si bien, en el 2002, el Departamento del Tesoro bloqueó al SDRM a cambio de un mecanismo de mercado. El segundo argumento en contra de Robl es que iba a crearse incertidumbre económica, punto que no fue levantado ni en el año 2002 ni en el más reciente debate del ICMA. El lanzamiento del UNCITRAL no creó ninguna incertidumbre. También dijo que en el pasado, el Tesoro había preferido los mecanismos de mercado, recordándole a los memoriosos sobre lo ocurrido en el 2002.
En suma, la resolución ante la ONU es un golpe al dominio de todos los mecanismos legales relacionados con las finanzas de parte del capital financiero internacional, y es un primer paso en la dirección correcta hacia la construcción de un mecanismo global para las finanzas globales. El gobierno de Estados Unidos odiará esto, pero no importa, los problemas globales requieren soluciones globales, independientemente de las creencias del Departamento de Estado y el ICMA y del equipo del Proyecto para el Nuevo Siglo Americano. Otro mundo es posible y vamos para allá.
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[1] Economista peruano, trabaja en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, México. Miembro del SNI/Conacyt. Coordinador del Observatorio Económico de América Latina (OBELA) www.obela.org y presidente de ALAI www.alainet.org. Miembro de Latindadd.
[2] ONU. “Resolution on sovereign debt restructuring adopted by general assembly establishes multilateral framework for countries to emerge from financial commitments”, en http://bit.ly/ZgNvUO.
[3] Taylor, John B. “The 2002 Uruguayan Financial Crisis: Five Years Later”, en http://stanford.io/ZiAc67.
[4] IMCA. “Sovereign debt information”, en http://bit.ly/1py54um.